A 13 días de la muerte del jefe de la Unidad de Investigación Fiscal AMIA, Alberto Nisman, los interrogantes y las aparentes contradicciones van in crescendo. Por ello, la fiscal federal Viviana Fein, a cargo de la pesquisa por el deceso, aguarda por estas horas los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Ezeiza, adonde llegó el fallecido magistrado el 12 de enero de su viaje por Europa.

La jueza Fabiana Palmaghini, quien entiende en la causa caratulada como “muerte dudosa”, había requerido a Fein que incorporara esas grabaciones al expediente, debido a “lo llamativo que resulta el constante seguimiento que la cámara realiza sobre (Nisman)”.

En las filmaciones se observa cómo el foco de la escena siempre está sobre la figura del fiscal. De hecho, cada vez que se desplazaba por el aeropuerto, el foco acompañaba al magistrado.

Fein reveló el miércoles que Nisman no había regresado de manera imprevista de Europa, como había recordado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en cadena nacional esta semana, al referirse al caso de la muerte del investigador del atentado a la AMIA.

Dos días después de su llegada al país, Nisman denunció a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman, al diputado camporista Andrés Larroque, a dirigentes afines al kirchnerismo y a presuntos espías de haber participado de un plan de encubrimiento a favor de los ex funcionarios iraníes sospechados de haber participado de la voladura de la mutual judía, en 1994. El atentado causó la muerte de 85 personas y heridas a más de 300. Nisman sostenía que Cristina había dispuesto un plan de impunidad, a cambio de mejorar la relación geopolítica con el Gobierno iraní, y que el memorándum de entendimiento para la creación de la “Comisión de la Verdad” formaba parte de esa maniobra.

El 18 de enero pasado, un día antes de exponer en el Congreso de la Nación, Nisman fue hallado con un disparo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.

El arma, una pistola Bersa calibre 22, le fue aportada por un colaborador suyo en al UFI AMIA, Diego Lagomarsino. El experto en informática fue imputado por este préstamo, pero la Presidenta y los voceros del oficialismo deslizaron que su participación podría haber ido más allá.

Ayer, el abogado de Lagomarsino, Maximiliano Rusconi, criticó esas versiones. “Tengo el objetivo de que cada funcionario que aparezca diciendo que tiene información o una hipótesis en esta instancia de enorme trascendencia republicana se presente (a declarar) en el expediente”, afirmó. (DyN)